REDACCIÓN 'EL OBSERVATORIO'
Municipios como Castrillo de los Polvazares -arriba, en la imagen- (León), Berlanga del Duero (Soria), Granadilla (Cáceres), Aínsa (Huesca), Combarro (Pontevedra), Aýna (Albacete) o Brihuega (Guadalajara), son zonas rurales que han sufrido una brutal despoblación desde hace décadas. Tanto que alguno de ellos tienen poco más de 100 habitantes. Un problema que suma más problemas: menos gente, menos de todo. Muchos sin centros de salud, escuelas, tiendas o bancos, también tienen que añadir a su larga lista de ‘cero servicios’ el de la cobertura móvil donde el 5G (e incluso el 4G) brilla por su ausencia.
Pues precisamente los casi 700 millones que Bruselas concederá a España serán para subsanar este último punto. Para que todos esos hombres y mujeres que viven en localidades 'vaciadas' también tengan derecho a hacer uso de las nuevas tecnologías y todo lo que ello conlleva a nivel socio-económico.
Este dinero, financiado íntegramente con los fondos europeos de recuperación, se engloba en el denominado plan ‘Único 5G Activas’, y va destinado a financiar el despliegue que tienen que hacer las telecos en las zonas rurales, y que estaban esperando como agua de mayo.
La Comisión ha dictaminado así que este régimen de ayudas estatales “era necesario y proporcionado para subsanar una deficiencia del mercado” como es la ausencia actual de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas y escasamente pobladas de España.
Asimismo, según un comunicado emitido desde la UE se afirma que estos fondos "tienen un efecto incentivador, ya que facilitan el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han desplegado ni van a desplegar, debido principalmente a su elevado coste, que no se compensa con los ingresos previstos, y también mejorarán la disponibilidad de servicios autónomos de tecnología 5G innovadores y eficaces en las zonas a las que se destinan, lo que beneficiará a los consumidores, las empresas y el sector público, y contribuirán así a subsanar las desigualdades sociales o regionales".
Como comentábamos al inicio de este artículo, en las zonas españolas en cuestión la población es inferior a 10.000 habitantes y no hay inversiones actuales o previstas ni en redes 4G que ofrezcan al menos velocidades de descarga de 50 Mbps. Con todo ello, las ayudas podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde a partir de febrero de 2026. Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas.
Los telecos beneficiarias se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90 % de los costes subvencionables.